El derecho al saber, también conocido como acceso a la información pública, es un pilar fundamental de la democracia en la República Dominicana, consagrado en la Ley 200-04. Este derecho no solo empodera a los ciudadanos al permitirles fiscalizar la gestión gubernamental y tomar decisiones informadas, sino que también promueve la transparencia, ayuda a combatir la corrupción y fortalece la rendición de cuentas de las instituciones del Estado. En esencia, al garantizar que la información sobre el uso de los fondos públicos y las acciones de los funcionarios sea accesible, este derecho es una herramienta esencial para construir una sociedad más justa, equitativa y con una mayor confianza en sus instituciones.
