U𝐧 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫.
El enriquecimiento ilícito es corrupción y será sancionado. La Ley núm. 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio es el primer instrumento de rendición de cuentas para todos los funcionarios públicos.
El nuevo Código Penal sanciona el enriquecimiento ilícito con 3 a 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas. La falsedad u omisión en la Declaración Jurada será penada con 1 a 2 años de prisión.
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