𝐑𝐨𝐦𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐜 𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨.
Alterar precios, adjudicar contratos a dedo, manipular licitaciones o pagar por obras inexistentes son prácticas sancionadas por la ley.
El nuevo Código Penal (Ley núm. 74- 25, Arts. 23, 25, 29, 30 y 284) establece 3 a 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Las contrataciones públicas deben ser transparentes y justas.
#ProtegiendoLoNuestro
#ProtegiendoLoNuestroConIntegridad