E𝐥 𝐬𝐨𝐛𝐨𝐫𝐧𝐨, 𝐞𝐥 𝐭𝐫á𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬.
Cada favor ilegal rompe la confianza en el Estado y perjudica a la ciudadanía.
La Ley 74-25 (Arts. 8, 284 y 29.5-6) sanciona estas conductas con 3 a 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
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